Han pasado 195 años desde que las masas obreras comenzaban a reivindicar la necesidad de una jornada laboral de 8 horas diarias que permitiese la conciliación. En las últimas décadas del siglo XIX, la jornada de trabajo era superior a 14 horas diarias. En la industria del algodón, el horario laboral de los niños desde los seis años era de entre 14 y 16 horas diarias, como los adultos.
El 1 de Mayo de 1886, más de 5000 huelgas alrededor de todo Estados Unidos se convocaron para presionar al empresariado a aceptar la jornada laboral de 8 horas. Tres años después, la Segunda Internacional promulgaría el 1 de Mayo como día internacional del trabajo. En España, la jornada laboral para toda la clase trabajadora llegaría en 1919 con la huelga de «La Canadiense» en Barcelona.
La pérdida de poder adquisitivo en datos
La pérdida de derechos de la clase trabajadora se ha ido produciendo de forma progresiva; tanto organizativamente como económicamente. El poder adquisitivo de las trabajadoras ha ido mermando de forma indiscriminada desde la crisis de 2008. Según datos del INE, el salario más frecuente en 2008 era de 15.491€ (media entre hombres y mujeres) y en 2024 es de 16.487€. Es decir, la clase trabajadora en España ha incrementado sus salarios un 6,43% en 16 años.
Sin embargo, el IPC (Índice de Precios al Consumo) se ha incrementado a lo largo de estos 16 años un 35,6%. Es decir, nuestro coste de vida ha crecido de forma exponencial hasta el punto de haber disminuido nuestro poder adquisitivo un 29,17% respecto a 2008. Además, la cantidad de trabajadoras que necesitan tener más de un empleo ha superado el nivel de 2008.
La reforma laboral y los gobiernos del «bloque progresista» no han conseguido revertir las consecuencias derivadas de la crisis de la burbuja inmobiliaria de 2008. A pesar de que saquen pecho de la reducción del paro, este se debe más a una reducción generalizada a nivel europeo que un logro nacional. No solo porque sigamos siendo el país de la Unión Europea con más paro, sino porque si comparamos ambas frecuencias, veremos que mantienen una tendencia similar.
Durante el gobierno progresista, solo este año 2023, el margen empresarial sobre las ventas ha batido un nuevo récord desde 2008; un 12,8% según el Observatorio de márgenes empresariales de la AEAT.
Más allá de los salarios y las tasas de paro
Las condiciones de las trabajadoras no solo han empeorado en el terreno puramente económico, sino de prestación de servicios por parte del Estado y sus instituciones.
Las listas de espera en la sanidad pública no dejan de batir récord año tras año. A pesar del incremento de presupuesto destinado la sanidad pública, buena parte de ella se la llevan las concesiones privadas que operan en nuestros hospitales públicos. Esto ocasiona dos problemas: Un sobrecoste para el Estado sobre la prestación de servicios sanitarios y unos peores servicios para los ciudadanos.
El precio medio del alquiler desde 2008 hasta 2023, según Idealista, ha aumentado un 35,2%. Según el mismo portal, los precios de la vivienda en venta está en niveles superiores que en plena burbuja inmobiliaria; en enero de 2006 el precio medio del metro cuadrado era de 2.065€, en marzo de 2024 es de 2.079€.
El Estado sigue recaudando para darnos peores servicios públicos y pidiendo nuestro voto para que los beneficios empresariales y rentistas batan récord y el poder adquisitivo de la clase trabajadora empeore.
Qué hacer
La clase trabajadora en España está en una situación de precariedad absoluta. Trabajadoras con trabajo o pluriempleadas no pueden acceder a un alquiler y mucho menos a una vivienda en propiedad. La vivienda se ha convertido no solo en un bien de mercado, sino en un bien inaccesible.
Este Primero de Mayo no solo se deben exigir subidas salariales del SMI, sino cláusulas de revisión salarial por convenio que garanticen que el poder adquisitivo de las clases y reviertan la pérdida abusiva producida desde 2008.
Es imprescindible reclamar la necesidad de reducir la jornada laboral y adaptarla al contexto de los avances tecnológicos que permiten automatizar una enorme cantidad de tareas que hace décadas era imposible. Es inconcebible que los avances tecnológicos nos hayan permitido producir más y mejor pero que aún así sigamos dedicando el mismo tiempo al empleo. Es imprescindible entender, que poniendo esto en el contexto, nos demuestra que el empresariado tiene unos intereses diferentes a los de los trabajadores.
La defensa de los servicios públicos que garanticen unos servicios de calidad y sin concesiones privadas que solo buscan el beneficio empresarial por encima de la utilidad pública es imprescindible para garantizar que todas las personas tengan el mismo derecho a sanidad, educación y transporte.
Un parque público de viviendas de alquiler social asequible, sin derecho a propiedad, que permita el acceso a una vivienda digna. También la regulación inmediata de los alquileres para no solo evitar el encarecimiento abusivo de los precios, sino evitar que nuestras ciudades desplacen a nuestras vecinas para convertirse en un parque de atracciones para los turistas.
