El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a través del BOE ha publicado, a día 1 de mayo, la posibilidad, para algunas personas que realizaron prácticas, de la recuperación y cotización de éstas. Unas prácticas en las que, los empleadores, no tuvieron la necesidad legislativa de computar el trabajo de las personas que las realizaban, y que estaban en una situación precaria y de desamparo.
El artículo 6 de esta Orden especifica que, quien quiera computar sus prácticas en su vida laboral, deberá abonar las cotizaciones que correspondían a la persona en prácticas y al empleador. Y demos gracias a la Ministra Elma Saiz, que se aplicará un coeficiente reductor del 0,77, además de poderlo pagar a plazos.
Para que se pueda entender la situación de agravio que produce la medida del Ministerio, vamos a explicarlo por partes:
- Realizas unas prácticas obligatorias para la consecución de una titulación.
- En muchas de estas prácticas no se te paga por tu trabajo; ni siquiera las dietas correspondientes a desplazamiento y comida.
- La empresa que se aprovecha de tu situación recibe dinero público -mediante un convenio de prácticas con el centro del que procedes- por ti, pero ellos no pagan absolutamente nada; ni tu cotización ni tampoco una remuneración económica.
- Habiendo estado en una situación precaria e injusta, el Estado te obliga a ti a pagar unas cotizaciones de algo por lo que no has recibido un céntimo.
- Cuando realizaste tu matriculación, en un ámbito universitario por ejemplo, ya pagaste por los créditos correspondientes a la realización de dichas prácticas curriculares.
- Si, como alumna de prácticas, te tenías que pagar tu comida y el transporte, ahora te toca pagarte las cotizaciones a la Seguridad Social.
La Ministra, Elma Saiz, ha vendido esto como un logro cuando en realidad es una situación de injusticia sangrante: «Hoy es un día importantísimo. Esta medida representa la mejor definición del Gobierno de justicia social […] El Gobierno ha escuchado un clamor de muchos colectivos cuyo trabajo ha sido motor de progreso para nuestra sociedad durante años. Debemos, como sociedad, sentirnos orgullosos de que lo público sea sinónimo de garantía y confianza. Por eso, ha llegado el momento de facilitar a miles de personas una vía para recuperar este derecho».
La finalidad del Convenio es completamente abusiva y atiende más a un afán recaudador del Estado que una intención social de proteger a quienes han estado en condiciones precarias. Quienes quieran adherirse al mismo, aunque hayan cursado las prácticas en 1990, deberán abonar dichas cotizaciones sobre las bases actuales, no sobre las bases en las que cursaron las prácticas.
Cuánto vas a pagar si quieres incluir tus prácticas en tu vida laboral.
Atendiendo a las cotizaciones de 2024, el coste a pagar será de 296€ por cada mes de prácticas que se quiera incluir en la vida laboral. El Ministerio no solo hace responsable a la persona en prácticas de su propia cotización (que ya de por sí es un agravio) sino que también le hace responsable de las cotizaciones que tendría que haber abonado el empleador.
El Estado solo te protege si tienes dinero.
Las personas en prácticas no son las únicas afectadas, sino que también lo son las personas que han estado años con becas predoctorales porque las instituciones se negaban a hacer un contrato laboral mientras hacían las labores de cualquier otro trabajador y tenían sus mismos horarios; pero mediante una beca que evitaba a la institución pagar las cotizaciones correspondientes. Estas personas que han estado años trabajando en esta situación tienen dos opciones: o se embargan para poder tener una jubilación o en el futuro se quedarán ella.
Además de esto, muchas de estas personas con becas predoctorales tendrán que abonar más dinero en cotizaciones que lo que recibían de beca.
El Estado, con esta Orden ministerial, hace responsables de su desidia legislativa durante décadas de las becas predoctorales y contratos en prácticas, eximiendo a los empleadores que se aprovecharon de la situación de pagar incluso lo que les correspondería.
Las personas que han estado años trabajando de manera gratuita o con una remuneración económica irrisoria, deberían tener derecho a una jubilación y a una cotización laboral que refleje su fuerza de trabajo. Pero no únicamente cuando pasen por caja. Si no queremos pedir a los empleadores que sean quienes paguen estas cotizaciones, no podemos hacerle pagar a unas personas que ya de por sí estaban precarizadas -y quizá lo siguen estando-. Como sabemos que el PSOE nunca se van a enfrentar a los empleadores, al menos debería ser el Estado quien se hiciera cargo de ellas.
